Hacienda reclama 5000 euros a las hijas de la mujer asesinada por su marido en Alcalá
Las hijas de la mujer asesinada en junio de 2015 por su marido en Alcalá de Guadaíra tienen que pagar un impuesto a la Agencia Tributaria, que podría alcanzar los 5.000 euros, tras recibir bienes de su padre, condenado a 21 años y medio de prisión, a falta de liquidez. Las afectadas y defensora, consideran «injusta».
En abril de 2017, la Audiencia de Sevilla condenó a este hombre por un delito de asesinato y otro de maltrato habitual y le prohibió aproximarse a menos de 300 metros de sus dos hijas durante 33 años. Además de privarlo del derecho de residir en Alcalá de Guadaíra o acudir a esta localidad durante otros 31 años, le impuso una indemnización de 100.000 euros a cada una de sus dos hijas por «el elevado daño moral sufrido. El tribunal consideraba que, no solo han perdido de forma tan dramática a su madre con todo lo que ello conlleva, sino que también, de alguna manera, han perdido a su padre», decía la sentencia. Esta considera probado que el hombre asesinó a su mujer tras clavarle hasta tres veces una navaja en la espalda y, a continuación, golpearla varias veces con la tapa de la cisterna de un inodoro en la cabeza.
En declaraciones a Europa Press, la letrada que ejerció la acusación particular, Sandra Márquez, ha precisado que, dada la insuficiencia de recursos del condenado, parte de la indemnización la compensaría con el valor del 50% de los dos coches y de la vivienda que poseía el matrimonio —la otra mitad la heredaron de su madre asesinada—, bienes valorados en unos 60.000 euros, «cantidad de la que Hacienda le reclama el 8%, alrededor de unos 5.000 euros», según Márquez.
Sin pagar la indemnización
«Si el condenado hubiera podido pagar esta indemnización en metálico, estaría exenta de impuestos, pero al pagarla con el valor de estos bienes, las hijas de la víctimas tendrán que hacer frente a este pago», ha explicado la abogada. La letrada ha presentado distintos escritos a las Administraciones regionales y estatales para evitar el cobro de esa cantidad ante la precaria situación económica de las hijas. Una de ellas percibe un subsidio de 430 euros al mes y la otra tiene un contrato a media jornada de ayuda a domicilio y su salario es de 400 euros mensuales, ha apuntado Márquez.
La abogada presentó una consulta vinculante a la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en abril de 2019 y, posteriormente, a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Ambas instituciones les respondieron que «no eran competentes para resolverla cuestión» y la instaron a presentar otro escrito a la Dirección General de Tributos.
Ante esta situación, la abogada cursó en junio una petición dirigida a la Presidencia del Gobierno en la que le pedía que los servicios jurídicos del Estado «contemplaran supuestos como el presente y que estuvieran exentos de tributación a los efectos de que ninguna víctima sufra además de su pérdida las consecuencias impositivas de hechos como el denunciado».
«Presidencia no se ha pronunciado y se limitó a remitir el asunto a la Dirección General de Tributos, desde donde precisaron que el impuesto hay que abonarlo», ha explicado la letrada, quien también se ha dirigido a la Junta de Andalucía por si existiese alguna norma autonómica que prevea algún tipo de beneficio fiscal, a lo que la Administración andaluza contestó en un documento: «No existe ninguno aplicable al supuesto».
Ante esta circunstancia y ante la imposibilidad de asumir el coste, las hijas de la mujer asesinada han solicitado a su representante legal que «no haga gestión alguna, como mínimo durante varios meses, para poder reunir el dinero y pagar el impuesto», que consideran «injusto».
