CCOO de Andalucía ha denunciado una nueva agresión a un educador social en el Centro de Internamiento de Menores Infractores ‘La Jara’, en Alcalá de Guadaíra, y ha exigido a la Junta de Andalucía medidas urgentes para atajar lo que califica como una “crisis estructural” del sistema de reforma juvenil en la comunidad.
El suceso tuvo lugar durante el turno de noche del pasado martes, en un momento en que la plantilla se encuentra especialmente reducida. La víctima, un profesional de 63 años, sufrió varias fracturas que han derivado en una baja laboral. CCOO considera este episodio como parte de una escalada de violencia que afecta de forma creciente a los trabajadores del sector.
“UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE”
Desde el sindicato se advierte de que esta agresión no es un caso aislado, sino “síntoma de un deterioro estructural del sistema”, en palabras de su secretaria general, Marina Vega. Según la organización, los centros de reforma de menores andaluces registran un aumento alarmante de agresiones físicas y verbales, condiciones laborales degradadas y una alta inestabilidad contractual que, en conjunto, comprometen tanto la seguridad de los trabajadores como la calidad del servicio.
La Federación de Enseñanza ha vinculado la situación andaluza a un contexto nacional igualmente preocupante, con hechos recientes como el asesinato de una educadora en Badajoz o el apuñalamiento de una profesional en Bilbao. En Andalucía, se han producido incidentes en centros de varias provincias: agresiones físicas en Sevilla y Almería; destrozos y sabotajes en Córdoba, Sevilla y Jaén; así como alertas de sobrecarga en Granada y Córdoba debido a la complejidad de los nuevos perfiles de menores atendidos.
A ello se suma, según denuncia CCOO, una violencia verbal constante hacia el personal, con amenazas, gritos e insultos como parte del día a día laboral. Esta exposición continuada a entornos hostiles estaría generando cuadros de ansiedad, estrés crónico y un grave deterioro de la salud mental de los trabajadores.
Reivindicaciones al Gobierno andaluz
CCOO responsabiliza a la Junta de Andalucía de la situación, que atribuye a tres factores clave: la insuficiencia presupuestaria que antepone el coste a la calidad asistencial, la falta de supervisión institucional efectiva y la ausencia de voluntad política motivada por el estigma que rodea a estos centros.
El sindicato exige la inmediata publicación de nuevos pliegos de contratación que incorporen íntegramente las mejoras recogidas en el V Convenio Colectivo del sector, en lugar de prorrogar los actuales contratos más allá de 2026, lo que “perpetuaría la precariedad y congelaría las condiciones salariales”.
Entre otras medidas reclamadas, destacan la inclusión de un plus autonómico por peligrosidad, la implantación de protocolos efectivos contra las agresiones con apoyo psicológico y jurídico inmediato, y el establecimiento del pago delegado de salarios para garantizar su abono sin intermediarios.
“La situación ha superado todos los límites de lo tolerable”, ha declarado Marina Vega, quien advierte que, de no tomarse medidas inmediatas, “el sistema podría colapsar por la imposibilidad de atraer y retener personal cualificado”. Vega subraya que la labor educativa en estos centros se está viendo gravemente comprometida por la falta de medios y de compromiso institucional.
