Los vecinos de las barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario, afectados por el nuevo crematorio promovido por Gesser Montesierras junto al Decathlon de Alcalá de Guadaíra pero muy cerca de sus viviendas; han insistido en que la operación está marcada por «irregularidades» administrativas y «ocultación» de información.
El colectivo de vecinos afectados ha respondido al reciente cruce de declaraciones entre el concejal popular del Consistorio hispalense José Lugo, responsable del distrito Cerro-Amate, al que pertenecen estas barriadas de Sevilla capital; y el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el socialista Jesús Mora; cuya administración ha autorizado la instalación y funcionamiento del controvertido crematorio, un proyecto que cuenta con el rechazo de estos vecinos.
En concreto, la última sesión de la comisión de control al Gobierno local de Sevilla capital abordó de nuevo, a instancias de Podemos-IU, las quejas de la población de las barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario, cuya ciudadanía viene avisando de que el Ayuntamiento de Alcalá ha autorizado el polémico crematorio en una zona de su término municipal próxima a estas viviendas de Sevilla capital y a establecimientos comerciales y de restauración, centros educativos y deportivos y donde está «próxima la construcción de cientos de viviendas sociales para personas vulnerables promovidas por Emvisesa, bloques con cientos de viviendas sociales en régimen de alquiler para menores de 35 años o bloques de pisos Aedas Home».
Ante ello, el edil popular José Lugo explicaba que en el caso pesan dos vertientes, pues de un lado el Ayuntamiento de Alcalá tramita el recurso extraordinario de revisión de los vecinos afectados contra la calificación ambiental favorable otorgada al proyecto; y por otra parte el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número once de Sevilla sigue el recurso judicial del colectivo ambientalista Alwadi-Ira/Ecologistas en Acción, contra la citada calificación ambiental favorable.
PETICIÓN FORMAL
El edil precisaba así que el Ayuntamiento de Sevilla ha consumado su personación en el expediente administrativo del Consistorio alcalareño en «defensa» de los vecinos afectados y mediante un oficio emitido el pasado mes de marzo, ha solicitado ya «formalmente la paralización» de la actividad del crematorio por «posibles efectos nocivos a la salud de las personas»; pero el Consistorio de Alcalá «no ha atendido» esta reclamación y «ha solicitado más documentación» a la empresa que gestiona el recinto, para su remisión y estudio por parte del Servicio de Protección Ambiental de Sevilla capital, según sus palabras.
