Nueva tasa de basura

Nota de prensa de IA

NUEVA TASA DE RECOGIDA DE BASURA

Esta ley busca promover la reducción, el tratamiento y el reciclaje de los residuos urbanos como eje fundamental de una política global de conservación del medio ambiente y del planeta, aunque no se puede hacer de esta manera

Desde Izquierda Alcalareña no podemos quedarnos callados ante el tremendo despropósito que el equipo de gobierno pretende aprobar en el próximo pleno del 21 de octubre, con el objetivo de adaptar la Tasa de Basuras a la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y sue-los contaminados para una economía circular.

Queremos recordar que dicha ley, en su artículo 11.3, dispone que las Entidades Locales deberán establecer, en el plazo de tres años desde su entrada en vigor (es decir, antes del 10 de abril de 2025), una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributario, es-pecífica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por genera-ción y refleje el coste real, directo o indirecto, del servicio.
El Proyecto de Ordenanzas 2026 demuestra un enorme desinterés al no haber hecho nada en los tres años anteriores para aplicar eficazmente esta ley y crear el correspondiente tributo, destacan desde Izquierda Alcalareña.

Rubén Ballesteros declaró: “Han optado por esperar hasta el último momento, en lugar de haber aprovechado este tiempo para redactar la ordenanza fiscal, diseñar la tasa con rigor y desarrollar campañas pedagógicas de concienciación ciudadana que explicasen su finalidad: que todos paguemos por los residuos que generamos”.

Durante estos tres años no se ha realizado una auditoría que permita conocer qué hogares gestionan correctamente sus residuos o cómo implantar la tasa de forma justa y eficiente.
Además, el sistema elegido —basado en el consumo de agua y vertidos a la red pública— plantea serias dudas. No se ha concretado qué porcentaje se tomará como referencia para calcular la tasa, lo que podría derivar en una subida encubierta si aumenta el precio del agua. Esto genera una clara discriminación entre viviendas y actividades comerciales, con-tinúa el portavoz de la organización local de izquierdas.

Esta fórmula no cumple el principio “quien contamina paga” que establece la ley, ya que no mide el volumen real de residuos generados por cada vivienda o comercio.
Recordemos que el Ayuntamiento ya destina 1,2 millones de euros a la gestión de residuos y recogida selectiva, financiados con los impuestos de los alcalareños.
Con la nueva tasa, podríamos acabar pagando dos veces: una en el recibo del agua y otra a través de los presupuestos municipales.

En lugar de aplicar un sistema que diferencie entre quienes generan más o menos residuos, se propone un modelo generalista que impedirá establecer reducciones o bonificaciones justas y adaptadas a cada caso.

El Ayuntamiento afirma que implementará un sistema de medición, pero solo afectará a los residuos orgánicos, lo que deja fuera gran parte del problema.
Además, las bonificaciones —a las que muchas personas mayores, con movilidad reducida o en situación de vulnerabilidad tendrían difícil acceso— no deben repartirse entre el resto de usuarios, sino aplicarse sobre la recaudación bruta, garantizando así la cobertura total del servicio.
Cada municipio deberá calcular su propio coste, con el riesgo de que errores en el cálculo generen litigios masivos, como ya ocurrió con la plusvalía municipal, recuerdan.
Desde Izquierda Alcalareña insistimos en la necesidad de proteger a los colectivos más desfavorecidos y a las personas en situación de exclusión social de Alcalá, que podrían tener dificultades para hacer frente a esta tasa. También reclamamos una aplicación justa para el pequeño comercio local.

Debe primar la equidad social, contribuyendo a la sostenibilidad financiera del servicio y de la empresa pública AIRA, y garantizando una distribución justa de los costes. Es imprescindible facilitar que las personas mayores, con menos recursos o con menor acceso a la información puedan acceder fácilmente a los programas de reducciones y bonificaciones, en función de su implicación en la correcta gestión y reciclaje de los residuos, finalizan