Alwadi-ira exige el cumplimiento de la legalidad tras la propuesta de sanción a DEALCA 9 S.L. por captaciones ilegales de agua. Exigen sanciones más contundentes.
La Sociedad Ecologista Alwadi-ira ha tenido acceso a la propuesta de resolución del expediente sancionador SAN-117-SE-2026, instruido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra la empresa DEALCA 9 S.L. por presuntas irregularidades en la gestión de recursos hídricos en Alcalá de Guadaíra.
Según el expediente, la empresa fue denunciada en dos ocasiones, en agosto y septiembre de 2025, por incumplir las condiciones de la concesión de aguas C-17415/1988. Las inspecciones detectaron modificaciones no autorizadas en un sondeo y el traslado de otro pozo a 435 metros de su ubicación autorizada.
Además, la Confederación constató la existencia de un tercer pozo en la Dehesa Martín que carece de cualquier autorización administrativa.
La propuesta de resolución califica los hechos como una infracción leve y plantea una multa de 1.000 euros. Además de obligar a la empresa a ajustarse a las condiciones de su concesión y a sellar la captación ilegal bajo supervisión técnica. Esta obligación solo quedaría suspendida si la empresa obtiene la correspondiente autorización, sin que pueda extraer agua mientras tanto.
La Confederación también rechaza las alegaciones de DEALCA 9 S.L., recordando que la mera solicitud de legalización de las captaciones no exime de responsabilidad por haber realizado extracciones sin autorización.
Sanción insuficiente
Desde Alwadi-ira valoran la actuación de la administración, aunque consideran que la sanción económica es insuficiente y no guarda proporción con el posible beneficio obtenido mediante la extracción ilegal de agua. Por ello, reclaman que se garantice el sellado efectivo de las captaciones y que se investigue el alcance de unas extracciones que podrían haber afectado a un recurso tan valioso como las aguas subterráneas de la comarca.
La organización ecologista recuerda que el agua es un bien común cuyo uso debe ajustarse a la legalidad y a criterios de sostenibilidad, y anuncia que continuará vigilando y denunciando cualquier actuación que ponga en riesgo el patrimonio natural.
