En pleno verano, con más de 40 grados a la sombra, viajar en los autobuses interurbanos de Alcalá de Guadaíra se ha convertido en una experiencia tan sofocante como peligrosa. Ayer, decenas de usuarios denunciaron que un autobús circulaba sin aire acondicionado, con pasajeros literalmente asfixiados en su interior. No es una exageración: se trataba de una auténtica sauna rodante, y el temor no era solo por el malestar de los viajeros, sino por el riesgo real de que el conductor sufriera un golpe de calor al volante.
Y no se trata de un caso aislado. Hace solo unos días, otro autobús hizo su ruta con las puertas abiertas, porque simplemente no se cerraban. Como si estuviéramos hablando de un transporte en una zona rural sin recursos, y no de una Gran Ciudad que paga una cantidad desorbitada a la empresa encargada del servicio.
Mientras la ciudadanía cumple con sus obligaciones fiscales, el servicio público de transporte incumple todas las suyas: comodidad, seguridad, eficiencia y dignidad. ¿Qué control existe por parte del Ayuntamiento? ¿Qué penalizaciones se aplican a la empresa concesionaria cuando pone en riesgo la integridad de los pasajeros y trabajadores?
Los alcalareños no pedimos lujos, pedimos lo mínimo exigible en un servicio del siglo XXI: vehículos en condiciones, climatización funcional y medidas básicas de seguridad. Que un autobús circule con las puertas abiertas o sin aire acondicionado en plena ola de calor no es una anécdota: es una negligencia.
Si a esto sumamos los retrasos, la frecuencia insuficiente y la falta de información clara, tenemos un panorama más propio de un país sin recursos que de una ciudad moderna que aspira a mejorar su calidad de vida y su movilidad sostenible.
Urge una revisión exhaustiva del contrato con la empresa de transportes. Urge exigir responsabilidades. Y, sobre todo, urge que el Ayuntamiento escuche a los ciudadanos y actúe con la contundencia que la situación merece. Porque no estamos hablando de comodidad: estamos hablando de salud, de seguridad y de respeto.
