El caso de la familia intoxicada en Rabesa será juzgado a fin de año

El juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla enjuiciará a finales de año a los tres procesados por la muerte en 2013 de tres miembros de una familia de Rabesa. Los tres fallecidos inhalaron fosfina de unos tapones de plaguicidas.

El juez había citado el viernes a la Fiscalía y a los abogados de la defensa y de las compañías aseguradoras con la finalidad de buscar un posible acuerdo que evitara la celebración del juicio. Sin embargo, no ha habido entendimiento ya que el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel para los acusados y no está dispuesto a rebajar la petición de los dos años y medio, Esto implica que no cabría la suspensión de la condena para los procesados.

El acuerdo también era complicado por lo que se refiere a las compañías aseguradoras que están personadas como responsables civiles subsidiarios y que deben hacer frente al pago de las indemnizaciones en caso de que hubiera condena y los acusados no pudieran satisfacerlas.

Al no llegar a un acuerdo, el juzgado tendrá ahora que fijar la fecha para la celebración del juicio. Probablemente el caso será juzgado afinales de este año o principios de 2020.

Está previsto que la vista oral se prolongue al menos una semana, ya que deben comparecer en la misma unas 30 personas entre acusados, testigos y peritos.

La Fiscalía reclama 820.000 euros en indemnizaciones

La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de cárcel para las tres personas que han sido acusadas: dos trabajadores de la empresa Alansu y el responsable de la chatarrería Reciclados Nivel –a los que se vendió de manera irregular una partida de tapones–. Se les imputan tres delitos de homicidio imprudente, por los que reclama el pago de indemnizaciones que suman los 820.000 euros, de los cuales la mayor cuantía 720.000 euros– se solicitan para una hija del matrimonio compuesto por Enrique Caño y Concepción Bautista que también resultó intoxicada pero no falleció. Y los restantes 100.000 euros para otros cinco hijos que Enrique Caño tenía de otras relaciones anteriores.

La Fiscalía considera que los tres acusados, M. R. S. M., empleada de Alansu, M. T. R., mozo de almacén de la misma empresa, y P. A. G. C., administrador de Reciclados Nivel, eran conscientes de que los envases de aluminio contaminados eran“residuos peligrosos que debían gestionarse por una empresa autorizada para ello”, y también del “grave riesgo para la salud de las personas que implicaba extraerlos del procedimiento de gestión establecido legalmente”.

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