La sentencia condena al notario Rafael M. L. a dos años de cárcel, y al que era su contable, José Miguel H. M., a seis meses por «distraer» entre 1989 y 2001 un total de 792.540 euros.

El juzgado de Alcalá de Guadaíra inició la investigación en agosto de 2001 y no la concluyó hasta diciembre de 2013. Pero hasta enero de 2016, no llegó  el caso a la Audiencia y el juicio se celebró entre septiembre y noviembre de 2017.

«La instrucción se prolongó más de doce años» sin ninguna justificación. A ello se añadieron dificultades a la hora de juzgar el delito porque los afectados habían fallecido, no pudieron ser localizados o «no recordaban prácticamente nada de lo sucedido».

Absoluto descontrol

Explica la sentencia que la contabilidad de la notaría se caracterizaba por un «absoluto descontrol», lo que condujo a problemas de tesorería y a que los dos acusados dejasen de gestionar escrituras de viviendas pese a que los clientes las habían pagado puntualmente.

Para solventar la falta de liquidez, los acusados empezaron en 1989 a destinar el dinero de las escrituras a otros fines. Hasta que en el verano de 1996 llegaron las primeras quejas de clientes porque sus viviendas no habían sido inscritas en el Registro de la Propiedad.

Los jueces lamentan que, pese al retraso en la instrucción, no se haya podido averiguar el destino de los fondos desviados porque no se hizo ningún peritaje al respecto. Junto a la atenuante por la demora, el notario y su contable han visto rebajada su condena por reparación del daño ya que entre ambos han devuelto parte del dinero.