El escrito de conclusiones provisionales emitido por la Sección contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial aprecia la agravante de parentesco en los delitos de lesiones supuestamente cometidos contra sus hijos, para quienes pide una indemnización de 4.000 euros a cada uno.

Para la madre de los pequeños, el fiscal reclama 10.000 euros.

Según el relato del fiscal, Manuel y su expareja estuvieron juntos desde 2006 hasta 2013. De aquella unión nacieron los dos menores, un niño y una niña, de diez y nueve años de edad, respectivamente. A raíz de la ruptura, un juzgado de Sevilla dio la custodia a la madre y estableció un régimen de visitas. Los niños habían pasado la Navidad con su padre, que los recogió el pasado 23 de diciembre para cumplir el régimen de visitas establecido por la pareja tras la separación. Debían volver con su madre el 30 de diciembre, pero no se presentaron en el punto de encuentro familiar de Granada.

Los tenía ocultos

Manuel L.G., según el fiscal, decidió «no devolverlos» y los mantuvo ocultos con él en el municipio de Dos Hermanas. Finalmente, tras denunciar la mujer lo que estaba pasando ante la Policía, el 2 de enero los agentes accedieron a la casa donde estaban los niños con Manuel, que presentó «gran violencia frente a los agentes actuantes».

Para el fiscal, el acusado, mientras tuvo retenidos a sus hijos era consciente de que iba a causar «un sentimiento de desasosiego, inquietud y malestar» en su expareja y en los pequeños, a quienes llegó a proponer, «fotografiarlos tirados en el suelo y manchados con sangre» para luego mandar a su madre las fotos.

El fiscal recuerda que días antes de ser detenido llamó a una emisora de radio de Sevilla diciendo que «no iba a entregar a sus hijos el día 30 y que iba a protagonizar un caso similar al de Juana Rivas». Además, llegó a decir por Facebook a la hermana de su exmujer «que habían encontrado dos cadáveres de niños en Mairena».

Una vez encontrados los menores, su madre, Sonia Barea, compareció ante los medios para pedir protección para ellos. Definió a Manuel como una persona «muy problemática y muy peligrosa» y dio gracias «a Dios» de que a los críos no les hubiera pasado nada. Dijo además esperar que le retirasen la patria potestad al acusado, al que había denunciado en numerosas ocasiones. El fiscal, aparte de la pena de cárcel, pide que Manuel se mantenga alejado de la mujer y de los menores durante cinco años y que se le retire la patria potestad por diez años.

El expolicía se encuentra actualmente en situación de prisión provisional pero no por el supuesto secuestro parental. Sobre Manuel L.G pesaba una sentencia firme de 34 meses de prisión por maltrato habitual.