Se retrasa en el juicio por la muerte accidental de una familia alcalareña
Ocurrió en 2013 y el juicio ya se ha retrasado varias veces. En esta ocasión el juez de lo Penal número 4 de Sevilla ha devuelto al juzgado de Instrucción de Alcalá de Guadaíra la causa por la muerte de tres miembros de una familia. Los tres fallecieron tras inhalar fosfina, una sustancia altamente tóxica, procedente de unos tapones de plaguicidas.
La decisión del juzgado se produce por un defecto formal, una vez que el magistrado ha constatado que no se ha dado traslado a la compañía aseguradora AIG Europe para que ésta presente el correspondiente escrito de defensa en su condición de «responsable civil directo».
El juzgado ha detectado este defecto debido a que la acusación particular solicitó al juez de lo Penal número 4 de Sevilla que fijara la celebración del juicio «a la mayor brevedad posible». Hay que tener en cuenta que hay tres imputados por la causa y la familia ha pedido que se tengan en cuenta las «especiales circunstancias» que concurren en este caso y la «gravedad de unos hechos» que, según el letrado de la acusación habían generado un «alarma» tanto en la localidad de Alcalá de Guadaíra como fuera de ella.
El juez ha devuelto ahora la causa al juzgado Mixto número 2 de Alcalá de Guadaíra para que proceda a dar traslado a la compañía aseguradora, lo que supondrá un nuevo retraso en la fijación del juicio.
Los hechos
La Fiscalía reclama para los tres acusados una condena de cuatro años de cárcel. El escrito de conclusiones del Ministerio Público imputa a los tres acusados, dos trabajadores de la empresa Alansu y el responsables de la chatarrería Reciclados Nivel -a los que se vendió de manera irregular una partida de tapones-, un delito contra el Medio Ambiente con tres delitos de homicidio imprudente.
Por ello se reclama esa condena de prisión, así como el pago de indemnizaciones que suman los 820.000 euros, de los cuales la mayor cuantía -720.000 euros- se solicitan para una hija del matrimonio compuesto por Enrique Caño y Concepción Bautista que también resultó intoxicada pero no falleció, y los restantes 100.000 euros para otros cinco hijos que Enrique Caño tenía de otras relaciones anteriores.
La Fiscalía considera que los tres acusados, M. R. S. M., empleada de Alansu, M. T. R., mozo de almacén de la misma empresa, y P. A. G. C., administrador de Reciclados Nivel, eran conscientes de que los envases de aluminio contaminados eran «residuos peligrosos que debían gestionarse por una empresa autorizada para ello», y también del «grave riesgo para la salud de las personas que implicaba extraerlos del procedimiento de gestión establecido legalmente».
