El Sindicato de Empleados Municipales (SEM) considera muy graves las acusaciones vertidas en la web municipal hacia este sindicato.
Los hechos a los que nos referimos tienen su origen en una denuncia que el sindicato estudia interponer contra la alcaldesa por presunta prevaricación (usted puede leer la noticia AQUI).
El pasado día 9 mediante un comunicado hecho público por la sección sindical SEM, se explica que han tenido conocimiento de que un familiar de Ana Isabel Jiménez Contreras, Alcaldesa del ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, permaneció como empleado municipal hasta alcanzar la edad de jubilación en el Ayuntamiento de Alcalá, con un contrato de trabajo igual que el de Domingo, el querido guarda del colegio José Ramón que ha sido despedido. De ser cierto, la alcaldesa habría incurrido en un presunto delito de prevaricación y posible trato de favor.
Respuesta municipal
La respuesta municipal no se hizo esperar y fue publicada en la web municipal (incluimos captura de pantalla). El equipo de gobierno contraatacaba asegurando que el ayuntamiento interpondría una demanda contra el SEM por injurias y calumnias. En su escrito atacaban a los propios integrantes del sindicato asegurando que «sólo quiere manchar al Ayuntamiento y generar mentiras ante la opinión pública». Además, aseguraban que el SEM «utiliza a los trabajadores municipales y mancha su profesionalidad con la única finalidad de desprestigiar a la alcaldesa y al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra».
Por su parte, el SEM contesta al ayuntamiento indicando que se han vertido acusaciones “muy graves” contra este sindicato y que estudian seguir adelante con la demanda. En este sentido, el pasado día 14 han solicitado ante el registro municipal, documentación relativa al contrato del guarda (familiar de la alcaldesa). Concretamente y amparándose en la ley de Transparencia solicitan el expediente completo de Tomas L.O., las bases de la convocatoria por la que accedió al Ayuntamiento y si este señor cumplía con la titulación requerida, además de todos los contratos realizados a esta persona, entre otros documentos.
El sindicato explica que el ayuntamiento está obligado a cumplir los plazos que se establecen a tales efectos en la ley de Transparencia para contestar y que una vez documentada la acusación, decidirán si procede interponer demanda o tomar otras medidas legales como acudir a fiscalía.
