El Ayuntamiento anuncia mano dura contra las ocupaciones ilegales del centro
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra coordina sus distintos departamentos y las fuerzas de seguridad de la ciudad contra la ocupación ilegal que se está produciendo en el centro de la ciudad con una serie de actuaciones para cortar cualquier atisbo de efecto llamada,
incluyendo desalojo e incluso derribo.
La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ante la alarma social por las quejas de los vecinos de esta zona denunciando la existencia de recientes ocupaciones ilegales, se ha reunido con responsables del Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Local, así como los servicios municipales relacionados con estas cuestiones, Vivienda, Servicios Sociales, Urbanismo y Gerencia de Servicios Urbanos para coordinar las acciones a llevar a cabo con toda la contundencia que permite la Ley.
Entre las medidas iniciales se ha acordado realizar inspecciones para la identificación de cada persona que esté relacionada con una ocupación ilegal, además de estar atentos a las denuncias de los vecinos. Asimismo, se iniciará el procedimiento para actuar mediante un desalojo en la vivienda municipal de la calle Orellana número 18, iniciándose el
correspondiente expediente para su posterior derribo. De hecho, la propuesta irá al pleno del próximo 19 de julio.
Paralelamente, desde los Servicios Sociales se van a estudiar personalmente las situaciones de procedencia y socioeconómicas de cada familia implicada, coordinándose desde Vivienda todas las acciones relacionadas con estas políticas.
Desde Urbanismo y Servicios Urbanos se coordinarán en los procedimientos administrativos de los expedientes llevándose a cabo además la inspección y adecentamiento de los solares de la zona.Desde el Ayuntamiento se entienden las dificultades económicas que puedan atravesar familias y, en la caso de las alcalareñas, se trabaja con los medios posibles para atenderlas. No obstante, el Consistorio tiene la responsabilidad de atacar y hacer cumplir la Ley en su territorio, evitando además situaciones que generen problemas de convivencia o salud, por lo que la voluntad de atajar el efecto llamada ante ocupaciones ilegales es firme y contundente.
