La plantilla municipal al límite
Hasta cuatro delegados de personal han pasado por el cargo en lo que va de mandato y ninguno ha sido capaz de solucionar los múltiples problemas a los que se enfrentan los trabajadores municipales. Les deben atrasos desde hace años, la última nómina no la han podido cobrar completa. Para colmo no cuentan con personal suficiente en varias delegaciones, lo que hace que muchos servicios municipales sean deficientes.
El grupo popular en el ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha denunciado “la situación límite en la que se encuentra la plantilla municipal». Los populares achacan esta situación a la «nefasta gestión desde hace años en materia del personal de la alcaldesa socialista y que ya está provocando atrasos en las nóminas de los trabajadores y en unos servicios municipales deficientes”.
De hecho y según nos explica el grupo popular “en el actual mandato, ya han pasado cuatro delegados de personal, inestabilidad que evidencia el caos absoluto en la gestión del área de Recursos Humanos, llegando al extremo de que los trabajadores no han podido cobrar su nómina de julio completa, que en algunos casos habrían dejado de recibir hasta 500 euros”.
Para el PP, lo peor de la situación es que lo con casi toda seguridad “tampoco puedan cobrar completa la nómina de agosto, ya que el gobierno municipal se ha ido de vacaciones sin importarles la solución al último de los muchos problemas en materia de Personal que presenta el Ayuntamiento alcalareño”.
El Grupo Popular ha alertado de que “para que los trabajadores puedan cobrar la totalidad de lo que le corresponde es necesaria una modificación del Reglamento de Personal para ajustarse a la nueva normativa estatal que el gobierno debió realizar hace meses, pero que como siempre ha hecho tarde”.
“Pero es que además, la propuesta del delegado de Personal para realizar dicha modificación incumple la legalidad y no se ajusta a la normativa vigente, según indica un informe del Interventor. El problema sigue sin resolverse y, lo que es aún peor, según este informe, las cantidades abonadas a los empleados en concepto de productividad pueden haber dado lugar a ingresos indebidos que obligarían a su devolución”.
Esta situación caótica explica el PP “es la consecuencia de una absoluta dejadez e incapacidad para gestionar la política de personal en este ayuntamiento, una situación que se prolonga desde hace años, puesto que hay que recordar que no se ha aprobado la Oferta Pública de Empleo desde 2009, y antes de eso caducaron 11 ofertas de empleo público».
Los populares explican que hay graves carencias en departamentos clave como Policía, Bomberos, Informática, Servicios Sociales o en la Atención al Ciudadano; e incluso en el departamento de Intervención falta personal, el propio Interventor lleva reclamando forma reiterada al menos desde 2007 los medios humanos necesarios para realizar un control eficaz de las cuentas municipales.
Lo más peligroso es la falta de policías y bomberos
Según el grupo municipal, “la consecuencia de esta pésima política de personal está clara: un mal servicio a los vecinos de Alcalá con retrasos para realizar sus gestiones o para recibir prestaciones a las que tienen derecho, por no hablar del peligro que supone contar con plantillas de policía y bomberos claramente insuficientes para una población como Alcalá”.
“El Reglamento de Personal es de 2007, y por lo tanto no se ajusta a la situación actual, que ha cambiado notablemente en materia laboral en diez años. No hay, ni habrá presupuesto de 2018 y mucho nos tememos que tampoco se apruebe el de 2019. En diez años el Ayuntamiento de Alcalá, ha aprobado sólo tres presupuestos. Tampoco existe jefatura de servicio en el departamento de Personal”.
El grupo municipal del PP reclama a la alcaldesa de Alcalá, máxima responsable en materia de Recursos Humanos en el Ayuntamiento, que “ponga fin a esta situación de desgobierno y de absoluta dejación de funciones en materia de personal, que se traduce en problemas para los ciudadanos y en un maltrato sistemático a los empleados públicos, que llega hasta el punto de impedirles cobrar parte de sus nóminas. Ana Isabel Jiménez debe tomar medidas y hacerlo de forma rigurosa, porque el colmo de la situación es que se plantee un acuerdo que carece de validez al no ajustarse a la legalidad, como indica el Interventor».
